El recurso de alzada es un recurso administrativo que se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto administrativo que se impugna. Su objetivo principal es obtener la revocación, modificación o anulación del acto administrativo por parte de la Administración Pública.
Características Principales:
Plazos:
El plazo para interponer un recurso de alzada suele ser de un mes si el acto es expreso (notificado formalmente) y de tres meses si el acto es presunto (derivado del silencio administrativo). El plazo para resolver el recurso también está establecido legalmente.
Silencio Administrativo:
Si la Administración no resuelve el recurso de alzada en el plazo establecido, se produce el silencio administrativo. Este silencio puede ser positivo (si la normativa así lo establece) o negativo (si se entiende desestimado el recurso).
Fundamento Legal:
El recurso de alzada suele estar regulado en las leyes de procedimiento administrativo de cada país o jurisdicción. En España, por ejemplo, se encuentra regulado en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
¿Cuándo Utilizarlo?
Se utiliza cuando se considera que un acto administrativo es perjudicial o contrario a derecho y se busca una revisión por parte de la propia Administración antes de acudir a la vía judicial. Es un requisito previo, en muchos casos, para poder interponer un recurso contencioso-administrativo.
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